El quiebre del Gobierno pone en jaque el futuro del ente que regula las telecomunicaciones

El quiebre del Gobierno pone en jaque el futuro del ente que regula las telecomunicaciones
Al tener un directorio más político que técnico, el reparto de poder interno se vio afectado por la crisis entre Alberto Fernández, CFK y Sergio Massa
Por Andrés Sanguinetti
16.09.2021 15.40hs Negocios

La tormenta post electoral que por estas horas afecta la relación entre los socios políticos del Frente de Todos podría derivar también en cambios en el organismo que debe conducir el proceso de convergencia tecnológica del país y crear las condiciones de mercado para garantizar el desarrollo de los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión.

Se trata del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que a pesar de ser un organismo técnico de control, desde su constitución durante la anterior gestión del ex presidente Mauricio Macri, ha mostrado una composición más bien política que en el caso de su actual directorio responde al equilibrio de las fuerzas internas mayoritarias en la alianza del Gobierno.

Es decir, con integrantes cuyos "padrinos" son los mismos involucrados en la interna de desatada en la coalición gobernante tras la contundente derrota sufrida en las PASO del 12 de septiembre pasado: el presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

De alguna forma, la evolución que tenga la pelea en la Casa Rosada también marcará el rumbo del ENACOM y sus directores, en el marco de un sector como el de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que ya representa el 3% del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina y que debe pensar en planes y proyectos de inversión y desarrollo de nuevos negocios llegar al 4% y así acercarse a otro países de la región de mayor crecimiento o del resto del mundo como Alemania y Gran Bretaña, entre otros.

Por lo pronto, su presidente, Claudio Ambrosini, viene haciendo equilibrio entre los dos sectores en pugna, tratando de conciliar posiciones entre los representantes kirchneristas y los nombrados directamente por el propio Alberto Fernández.

Una tarea que, en cierta forma, replica lo actuado hasta ahora por Sergio Massa quien es su referente político y quien lo ubicó en el directorio del ente como representante del Frente Renovador que lidera el ahora mediador entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

Tal como hicieron el resto de los representantes de este bloque político de la alianza gobernante en otras dependencias públicas, Ambrosini no presentó su renuncia al máximo cargo y por estas horas busca evitar que el quiebre del acuerdo gobernante se extienda también a los cimientos del ENACOM.

Anteriormente, fue subdirector de Prensa en el Senado de la Nación y también ocupó el cargo de Coordinador de Prensa de la Cancillería, así como la gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales de la ANSES y secretario de Difusión de Tigre y subsecretario de Comunicación Estratégica de la Nación.

Otro que ni siquiera amagó con dejar su puesto es Gustavo López, actual vicepresidente del ENACOM. El funcionario, quien ocupó el cargo de subsecretario General de la Presidencia de la Nación entre 2008 y 2015, no parece haber seguido las órdenes de "abandonar el barco" que le dio Cristina Kirchner a sus cuadros políticos para forzar la actual crisis que envuelve a todo el Gobierno.

Por lo que pudo saber iProfesional, López pretende seguir, incluso a pesar de esta orden de su jefa política y de las críticas que, en privado, le hacen las operadoras de telecomunicaciones por sus posturas extremas y anti empresa que postula desde su puesto como lo demostró al criticar los fallos judiciales que avalaron los aumentos de precios de los servicios de comunicaciones que habían sido anulados por el ENACOM.

De hecho, tuvo mucho que ver en el decreto presidencial que en agosto del año pasado declaró al sector que incluye internet, telefonía fija y móvil y televisión paga como servicio público esencial.

La medida venía siendo impulsada por el Instituto Patria, la usina de pensamiento del kirchnerismo más puro para que el Estado pase a controlar desde los valores de los servicios hasta regular los planes de negocios de las empresas privadas.

Una norma que generó gran descontento entre las compañías al punto que las únicas inversiones se orientan a mantener nada más que las operaciones actuales sin que se vislumbren nuevos planes mientras continúe el mismo escenario de incertidumbre que actualmente envuelve al sector.

Pero esta falta de seguridad jurídica que ahora se podría profundizar por la incertidumbre que envuelve al directorio del ENACOM, no se limita sólo al Decreto 690, sino que también pone en tela de juicio otras decisiones de un organismo más político que técnico que tienen consecuencias directas en la población porque la falta de inversiones retrasa la llegada de nuevos productos y servicios que se requiere para que la industria pueda ser dinámica en términos de lo que representa como mecanismo de generación de divisas para el país y de mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Genera que tampoco exista reposición de bienes de capital por parte de los grandes players a pesar de que la industria precisa de altos niveles de inversión para mantener la modernidad necesaria para enfrentar lo que viene en materia de 5G, por ejemplo, como ya sucede en otros países vecinos como Chile, Brasil y Colombia.

De hecho, como ejemplo de la situación de incertezas que viven las compañías se puede citar el acuerdo entre Movistar y Sion para unir esfuerzos en el despliegue de infraestructura en un plan que involucra desembolsos cercanos a los u$s95 millones durante los próximos tres años que estará enfocado en la construcción de nuevas redes de fibra óptica en el sur del país y/o su readecuación.

En concreto, la inversión será en la última milla y será realizada por Sion, mientras que Movistar seguirá invirtiendo en el AMBA y grandes ciudades y se llevará a cabo en función de la rentabilidad y por situaciones que puedan derivar de la macroeconomía o de cuestiones regulatorias que pueden hacer variar este plan.

El ENACOM, ante un futuro incierto.
El ENACOM, ante un futuro incierto.

Una clara señal a las políticas públicas que, en adelante, pueda tomar el ENACOM, teniendo en cuenta que el resto de los miembros del directorio del ente también se ven afectados por los resultados de las PASO en sus provincias de origen y por la pelea palaciega que envuelve al gobierno nacional.

En este limbo se encuentran Raúl Gonzalo Quilodrán; María Florencia Pacheco; Alejandro Gigena y Silvana Giúdice.

En los tres primeros casos se trata de representantes de las provincias de Salta; Buenos Aires y La Pampa, donde el Frente de Todos (FdT) fracasó electoralmente de manera contundente.

En cuanto a Pacheco, su permanencia en el cargo también está atada a la suerte que corra el jefe de Gabinente, Santiago Cafiero, a partir del pedido de "destitución" que pretenden concretar desde el kirchnerismo.

La funcionaria llegó al ENACOM de la mano del hombre de mayor confianza de Alberto Fernández tras haber sido, en el 2010 asesora Ejecutiva en Conectar Igualdad en la ANSES; en el 2016 subsecretaria de Inclusión y Asistencia Directa en el Municipio de Esteban Echeverría y en el 2019 subdirectora Ejecutiva de Prestaciones en ANSES.

En los casos de los directores del Poder Ejecutivo que representan a La Pampa y Salta, ni los millonarios aportes no reembolsables recibidos por esas provincias para desarrollar los servicios TIC lograron evitar el mal humor de las urnas.

Una situación que para Gigena se profundiza por su militancia en el kirchnerismo, ya que como en el caso de López, tampoco acató la orden de vaciar de kirchnerismo al Gobierno que dio CFK a los integrantes de la fuerza política en la cual milita.

En su provincia, las listas de Juntos por el Cambio obtuvieron el 48,90% del total, sobre el gobernante Frente de Todos que logró el 38,05% de los sufragios que se emitieron en vistas de los comicios que el 14 de noviembre se llevarán a cabo para renvar tres bancas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado.

Con respecto al salteño Quilodrán, el Frente de Todos logró imponerse pero apenas por 2.300 votos sumando el 30,17% del total sobre el opositor Juntos por el Cambio, que con sus cuatro listas internas acumuló un 29,75%.

Pero, de cara a noviembre, se especula con que los votos de Unidos por Salta, que se ubicó como tercera fuerza con el 12,13% del total, y los del Sí + PRS, que obtuvieron otro 10,72%, podrían ir a parar a Cambiemos.

Con respecto a Giúdicel, su puestos podría ponerse en debate a partir de las propias internas que tienen en el seño de la alianza opositora a la cual pertenecen. La primera, por el tironeo que evidencia la relación entre Patrica Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en Cambiemos.

Si bien el triunfo del pasado domingo 12 de septiembre "escondió" los problemas, las diferencias se mantienen y pueden poner en tela de juicio la representatividad de la funcionaria en el directorio del ENACOM.

Entes en pugna

El escenario descripto para el ENACOM se traslada a otros organismos y empresas estatales que los integrantes del Frente de Todos se repartieron tras llegar a la Casa Rosada en diciembre del 2019.

Como ejemplos se pueden citar los casos de Anses; el PAMI y Aerolíneas Argentinas que hasta este miércoles 15 de septiembre estaban bajo el radar de referentes kirchneristas como Luana Volnovich; Fernanda Raverta y Pablo Ceriani.

Los tres decidieron hacer caso al mandato de su jefa política y presentar sus renuncias como también lo hizo Paula Español a la Secretaría de Comercio Interior que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Se trata de la funcionaria bajo la cual se generaron los principales planes de control de precios y programas de fomento de consumo que impulsó desde su puesto casi como segunda del ministro Matías Kulfas.

Por su parte, se muestra como incierto el futuro de otros funcionarios del mismo sector kirchnerista al frente de otros organismos oficiales de importancia como la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y los entes reguladores de servicios públicos como la electricidad, el gas y las telecomunicaciones.

En el primer caso, el organismo tiene como titular a Martín Cosentino, hombre del sciolismo y titular del PJ de Vicente López, pero como segundo se encuentra Juan Agustín Debandi, un representante camporista que en las últimas elecciones perdió la intendencia de Tres de Febrero en manos de Diego Valenzuela.

En cuanto al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE); del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y del Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM), sus puestos principales también se lotearon entre funcionarios kirchneristas y massistas quienes por ahora se mantienen dentro de la órbita gubernamental.

El vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, no presentó su renuncia a pesar del pedido de su jefa política, Cristina kirchner
El vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, no presentó su renuncia a pesar del pedido de su jefa política, Cristina kirchner

Lo mismo ocurre con los titulares de otras empresas con participación estatal de color kirchnerista como la petrolera YPF o su par encargada de operar el yacimiento de Río Turbio, así como sociedades vinculadas a las operaciones portuarias y de transporte que son gerenciadas por referentes del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Su futuro también es por estas horas dudoso, con versiones tan dispares que lo ubican como renunciando a su cargo o reclamando más espacio de poder.

De todos modos, Massa ya tiene delegados en el Ministerio de Transporte, con Alexis Guerrera ocupando el mayor cargo en esa dependencia y con Martín Marinucci en Trenes Argentinos, que tiene bajo su órbita las líneas Belgrano Sur, Mitre, Roca, San Martín, Sarmiento y Tren de la Costa, además de ramales en el interior e interurbanos.

A esto le suma el cargo de su esposa, Malena Galmarini, en AySA, la empresa estatal de agua, y los lazos que tiene con Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas que también presentó su renuncia pero le fue rechaza por el Presidente.

Bajo su control se encuentra Corredores Viales, conformada por capital social íntegramente estatal, cuyos accionistas son: el Ministerio de Obras Públicas que posee el 51% y Vialidad Nacional con el 49%.

En la actualidad opera la totalidad de las autopistas con peaje en el país que fueron estatizadas en los últimos años, con excepción de los accesos Norte y Oeste que todavía están bajo orbita privada con las operaciones de Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO).

Con este panorama de fondo, entre los referentes oficialistas consultados por iProfesional entienden que "la sangre no va a llegar al río" y que habrá una negociación que permitirá oxigenar la gestión y los planes que la coalición oficialista deberá encarar para intentar revertir la contundente derrota electoral de las PASO del pasado domingo 12 de septiembre.

En ese contexto, habrá que esperar si las renuncias en el mapa de poder dentro del gobierno nacional se mantienen, si se van solamente algunos o se quedan todos.

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